El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el primer informe del anteproyecto de la ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, también conocida como ‘ley de muerte digna’, con la que pretende garantizar los derechos de los pacientes “en el momento final de la vida”, así como dar seguridad jurídica a los profesionales sanitarios que les atienden. Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, reconociendo que se trata de la “primera lectura” de un texto que todavía debe remitirse al Consejo de Estado y las comunidades antes de llegar a las Cortes para su tramitación parlamentaria. Según ha destacado Pajín, con esta norma se pretende que todos los ciudadanos “afronten sus últimos días con dignidad y el menor sufrimiento posible, con independencia del lugar donde residan”.
La norma establece que “cualquier persona mayor de edad y plena capacidad de obrar por si misma tiene derecho a manifestar anticipadamente su voluntad, sobre sus cuidados y el tratamiento asistencial que desea recibir al final de su vida”.
Según las previsiones de Sanidad, el objetivo es que la ley, que entrará en vigor un mes después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pueda aprobarse antes de que acabe el año, teniendo en cuenta que la tramitación parlamentaria suele demorarse entre cuatro y seis meses.
